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  • Género y Paz - Situación de género en RDC

    Disminución de casos de justicia popular

    Maguy Buhenwa Wany, Redactora AFEM-SK / Uvira / 05.08.2014

    Las mujeres activistas acogen con satisfacción la disminución de casos de justicia popular en Uvira, Kivu Sur. Las acusaciones de brujería han provocado la proliferación de persecuciones y lapidaciones de mujeres. Este año, los casos de justicia popular han pasado de 50 a 10 gracias al trabajo de incidencia política y sensibilización de estas activistas.

    Traducción: Virginia Meza Ramírez para CRDV.

    Las mujeres de la tercera edad son a menudo acusadas de brujería en Uvira, ciudad de la provincia de Kivu Sur, según denuncian las organizaciones de la sociedad civil. Estas acusaciones han provocado la proliferación de persecuciones y lapidaciones de estas mujeres a mano de jóvenes del territorio sobre todo. Desde hace varios años, las mujeres congoleñas viven en una situación de total inseguridad dentro de su propia comunidad por culpa de estas inculpaciones; de hecho, la acusación de brujería es otra forma más de violencia de género hacia las mujeres. En Uvira, al igual que en muchas otras zonas de la República Democrática del Congo (RDC), hay quien piensa que la costumbre de la brujería prevalece en la sociedad. “Todavía hay gente que cree que la muerte natural no existe”, dice Jeannot Furaha, miembro del núcleo de la sociedad civil en Uvira.
    Desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil se vienen movilizando en Uvira para conseguir la protección de estas mujeres acusadas de brujería. “¡Sólo en 2013, se registraron más de 50 casos!”, exclama Godelive Lugambo, miembro de la Union pour la Promotion des Femmes (UPF). A raíz de estos episodios en aumento, varias mujeres activistas del territorio de Uvira se reunieron tanto con  las autoridades locales como con los grupos de jóvenes de la comunidad con el objetivo de sensibilizarles y conseguir poner fin a esta práctica ilegal, dado que ninguna persona debería “tomarse la justicia por su mano”. “Buscamos a jóvenes y les mostramos las deplorables consecuencias de sus prácticas. Sin embargo, nos dimos cuenta de que esto no bastaba. Debíamos reflejarlo de otro modo”, expresó Bernadette Ntumba, miembro de la Asociación de Mujeres Cristianas de Asistencia de Mujeres Vulnerables (AMCAV).
    De este modo, se dio comienzo a actividades de divulgación y promoción para la instauración de medidas contra la justicia popular en la provincia, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil en Kivu Sur. Este proyecto alcanzó su máximo éxito en noviembre de 2013 con la aprobación de la ley sobre la justicia popular. Más tarde, el 10 de enero de 2014 se promulgó el edicto. “Me complace saber que he contribuido a la adopción de este decreto que prohíbe la justicia popular. De otro modo, ¡se acabaría con las mujeres de nuestra sociedad! Y ¿quién me dice a mí que no seré mañana la próxima víctima?”, se pregunta Bernadette Ntumba.

    Progresos visibles, pero ¡aún queda mucho camino por recorrer!
    “Recientemente, fui testigo del arresto de un hombre que había participado en acciones de justicia popular. Estuvo unos días detenido antes de ser trasladado a la prisión central de Bukavu. Honestamente, me satisface saber lo ocurrido ya que esto no se hacía antes en la ciudad de Uvira”, manifiesta Fruha Jeannot, con una sonrisa de satisfacción en los labios.
    Este año, los casos de justicia popular han descendido visiblemente en la ciudad de Uvira. Han pasado de los 50 casos informados por la organización AMCAV en 2013 a 10. Esto es el reflejo de la existencia del decreto provincial. “Supone un gran progreso. Pero, los tribunales también deberían asumir su responsabilidad de castigar regularmente a los culpables para así acabar con esta costumbre”, expresa Godelive Lugambo, que piensa seguir con la lucha. Además, cabe señalar  que estos casos de justicia popular no son sólo específicos del territorio de Uvira o de la provincia de Kivu Sur. Por lo que, continúa Lugambo, “no sólo debemos presentar ante la justicia a los autores de estos actos bárbaros sino también conseguir  una evolución en la mentalidad de la ciudadanía para así consolidar el progreso y poder restaurar el respeto hacia las personas mayores en general y, hacia las mujeres en particular”.

    ¿Qué se esconde bajo la violencia sexual?

    Por Virginia Meza Ramírez

    El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 1993 declara que la “violencia contra las mujeres” es entendida como “cualquier acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico contra las mujeres, incluyendo amenazas de violencia, coacción o privación arbitraria de libertad, se produzcan en público o privado”. Sin embargo, la complejidad de este tema en los medios de comunicación occidentales se aborda, en mayor medida, sólo desde la violación como principal indicador de violencia pasando por alto la situación de desigualdad y restricción de los derechos humanos en los diferentes aspectos de la vida de las mujeres y niñas ─el ámbito doméstico, comunitario, económico, laboral, educativo e institucional entre otros─ detrás de los cuáles se encuentra soterrado un amplio entramado de violencia directa, estructural y cultural.
    Asimismo, ésta es la situación a la que se enfrentan las mujeres de países en conflicto o después del conflicto. Y la República Democrática del Congo no es una excepción. De hecho, los grupos armados y sus aliados regionales enfrentados por el poder político y económico agravan el problema.

    Violencia directa de género en la RDC

    Las violaciones, secuestros, torturas, violencia de estado y militar, femicidios, trabajos forzados, matrimonios precoces y violencia doméstica son los ejemplos más visibles de violencia directa. Este tipo de violencia es la expresión más clara de inequidad entre hombres y mujeres, construida sobre la violencia estructural y la cultural.
    En el este de la RDC, a finales de 2013 el número total de personas desplazadas alcanzaba los 3 millones, según los datos más recientes de ACNUR. La mitad de esa población desarraigada la representan mujeres y niñas que, además, se encuentran a merced de los grupos armados. Sobre ellas recaen las consecuencias de los conflictos motivados por intereses económicos que desestabilizan las estructuras sociales del país. La violencia sexual es un delito muy efectivo como arma de guerra debido a las graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales para las mujeres, su círculo familiar y sus comunidades. Estas agresiones cumplen con el objetivo de estigmatizar y desmoralizar a la población supuestamente afín a las fuerzas contrarias al grupo atacante Aunque en la mayoría de los casos las agresiones son cometidas por los grupos armados también se han registrado ataques perpetrados por integrantes de las Fuerzas Congoleñas (FARDC) en Kivu Norte y Kivu Sur.
    Sin embargo, no sólo son los grupos armados legales e ilegales quienes atacan a las mujeres, sino también algunos hombres de las propias comunidades amparados por la impunidad que produce la falta de estructuras y la situación de conflicto. Según fuentes de la ONU, dos de cada tres mujeres han sido violadas en estos territorios.
    La violencia sexual es una de las amenazas que mayor vulnerabilidad genera a las mujeres; sin embargo, las congoleñas también padecen otras formas de violencia directa y no siempre a manos de los hombres: desde la mutilación genital, castigos físico público por “comportamiento indebido, abusos policiales y/o militares, hasta violencia machista en el hogar. Esta forma de violencia no ocurre de forma aislada sino que procede y aumenta por el conflicto y, radica en la violencia cultural y estructural.

    Violencia estructural de género en la RDC

    La violencia estructural se manifiesta como un poder desigual, y consecuentemente, como oportunidades de vidas distintas a causa de un conjunto de estructuras físicas y organizativas perjudicando la satisfacción de las necesidades humanas básicas: supervivencia, bienestar, identidad o libertad.
    Actualmente, el índice de desigualdad de género en la RDC es muy bajo con 0,669 puntos y ocupa el puesto 186 de 187 por sus desigualdades de género, según cifras publicadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP). Por cada 100 hombres en el mercado laboral hay 66 mujeres, aunque muchas trabajan en el mercado sumergido. Asimismo, las mujeres ocupan el 8,3% de los escaños parlamentarios y menos del 40% han culminado sus estudios secundarios. Además el riesgo de mortalidad maternal alcanza las 670 mujeres por cada 100.000 nacimientos a causa de combates pero también de desafíos sanitarios. Estas cifras tan sólo reflejan las limitadas posibilidades que tienen las mujeres de acceder a derechos como la educación, la salud, las decisiones sobre su propio cuerpo, la libertad de expresión, de movimiento, al trabajo remunerado, la justicia, la participación política formal e informal, entre otras.
    Esta violencia estructural está reforzada por una cultura congoleña aún patriarcal donde las mujeres son seres subordinados a los hombres.

    Violencia cultural de género en la RDC

    La violencia cultural o simbólica sirve para legitimar la violencia directa y estructural. Se basa en un entramado de valores asumidos desde la infancia y que se refuerzan con normas legales de la sociedad.
    La cultura congoleña anima a las mujeres desde temprana edad a quedarse en casa para cuidar de su familia cumpliendo roles domésticos y de proveedoras relegando así la educación a un plano menos prioritario. El 15% de las mujeres son cabeza de familia, de las cuales el 75% son viudas y el 25% han sido abandonadas por sus maridos. Muchas de éstas son niñas que ha sido sometidas a matrimonios precoces para evitar que puedan ser víctimas de violaciones. Y es que además de padecer las consecuencias físicas de la violencia sexual, las mujeres agredidas son estigmatizadas socialmente.
    Esta situación de marginación cultural -y su consecuente marginación política, económica y social- ha provocado que muchas mujeres congoleñas desconozcan los derechos y la protección que les brinda la ley. Además, en muchas zonas de la RDC, la tradición prevalece en las relaciones de género, incluso siendo contradictoras de las leyes nacionales. El derecho consuetudinario es discriminatorio respecto a la mujer. A consecuencia de esto, muchas de ellas padecen agresiones sin que el perpetrador reciba castigo alguno. Ejemplos de ello son las acusaciones populares de brujería que acaban con la lapidación de las mujeres o el hecho de que no puedan tener propiedades ni poseer la tierra que cultivan independientemente.

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