Una telaraña de motivos, protagonistas y situaciones regionales e internacionales dan forma a un complejo conflicto que se desarrolla en base a la lucha por el poder político y económico, y en torno a los recursos naturales existentes en una de las zonas del planeta con más riquezas naturales, aunque con el índices de desarrollo humano más bajo del mundo, en el puesto 187, según datos del Informe PNUD 2011.

Aprovechando la inestabilidad política del periodo post-independencia en 1960, las provincias de Katanga y Kasai del Sur, tradicionalmente secesionistas, se separaron de dicha alianza política con el apoyo del gobierno belga quien estaba interesado en poder seguir controlando la gran riqueza minera del país. Ante esto, el gobierno de Patrice Lumumba reaccionó solicitando ayuda al gobierno norteamericano; sin embargo, la falta de respuesta propició un acercamiento, entendido bajo la lógica bipolar de la Guerra Fría, entre Lumumba y el bloque soviético. Este acercamiento facilitó que la Unión Soviética proporcionara transporte y asesores militares al gobierno con el objetivo de intervenir en las provincias separatistas apoyadas por Bélgica.

De este modo, la política congoleña, desde sus primeros momentos de independencia quedó interferida y, hasta cierto punto sometida, a intereses externos de segundos y terceros países. Si bien en los primeros años estos intereses externos eran entendidos en clave bipolar, la gran riqueza del país en recursos naturales contribuyó a que nunca consiguiera desligarse de dichos intereses, que constantemente intervienen en su esfera política.

En un trabajo conjunto con expertos de las Naciones Unidas (ONU), la organización Global Witness reveló que todos los principales grupos armados involucrados en los actuales enfrentamientos en el Este del Congo se autofinancian a través del comercio de minerales valiosos. Estos minerales, como el estaño y el tantalio, se procesan para la fabricación de teléfonos móviles, entre otros productos de consumo masivo a nivel mundial.

El informe Under-mining Peace de junio de 2005 describía la situación de este modo: “Las actividades de minería en el este de la RDC han estado, y siguen estando, altamente militarizadas. En algunas áreas, los grupos armados realmente controlan las minas y realizan sus propias excavaciones; mientras que en otras áreas el personal militar aplica impuestos ilegales a los mineros artesanales, tanto en el sitio como cuando los mineros transportan el material a la ciudad o punto comercial más cercano”.

Las consecuencias del conflicto son tan devastadoras en términos humanitarios y de estabilidad política, que en 1999 el Consejo de Seguridad de la ONU creó la Misión de Mantenimiento de la Paz  en la RDC (MONUC). La MONUC cuenta con 17 mil soldados y policías así como 2700 civiles en todo el país encargados de supervisar el desarme, a partir de los acuerdos de paz de 2002, de las fuerzas involucradas en la guerra, respaldar un proceso electoral democrático y fiable, facilitar la repatriación, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas y proteger a la población civil. Con un presupuesto de más de mil millones de dólares en el último año, es la misión más extensa y costosa del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO).

El acuerdo de 2002 establecía la convocatoria a elecciones que se celebraron en 2006 y ganó el Presidente Joseph Kabila, dejando en segundo puesto a Jean Pierre Bemba, quien negó la legitimidad de los comicios.

El nuevo gobierno convocó a los grupos armados a desmovilizarse y unirse a las Fuerzas Armadas Congoleñas (FARDC). Tras rechazar la convocatoria, el tutsi congoleño Laurent Nkunda, que lideraba en Kivu Norte la Unión Congoleña por la Democracia (CRD-RCD), fundó el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), con el apoyo de los tutsis ruandeses.

Sin embargo, parte de sus 4000 soldados bien entrenados, comenzaron a integrarse en las fuerzas armadas nacionales en febrero de 2007, creándose brigadas integradas tanto por soldados como estos rebeldes tutsis para perseguir a las milicias hutus ruandesas de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), presentes en Kivu Sur. Creado en 2002 por ex soldados del antiguo régimen ruandés y las milicias interahamwe, el FDLR es el principal grupo rebelde hutu contrario al gobierno de Ruanda (en manos del Frente Patriótico Ruandés, tutsi). Tiene su bastión en Kivu Sur y desde allí lanza ataques contra el país vecino, pero también contra la población civil de la provincia.

Los rebeldes de Nkunda fueron acusados de violaciones, matanzas arbitrarias y desplazamientos sistemáticos de civiles; frente a lo cual el Gobierno detuvo su acción. Nkunda respondió cambiado el foco de sus ataques hacia las FARDC. En agosto de 2008, Nkunda atacó bases militares y áreas que se encontraban bajo protección formal de la misión de paz de las Naciones Unidas (ONU), MONUC.

Los acuerdos de paz de 2002 y la presencia de cascos azules no han contribuido a estabilizar la zona. Así, la provincia de Kivu Norte ha sufrido una escalada de violencia en 2008, al acordar los gobiernos ruandés y congoleño lanzar una operación conjunta contra los rebeldes del FDLR.

Los acontecimientos de finales de 2008 en Kivu Norte, concretamente, y sus consecuencias han determinado en gran medida el escenario que a día de hoy encontramos en las tres provincias de principal atención para este proyecto: Kivu Norte, Kivu Sur y Orientale.

En teoría, la operación Kimia II, que comenzó el 2 de marzo de 2009, pretendía desarmas por la fuerza a las unidades restantes del FDLR en el bastión en el que llevan 15 años parapetadas: la provincia de Kivu Sur. Algunos de los dirigentes del FDLR están identificados como participantes en el genocidio de Ruanda de 1994. Aunque se trata de una medida exigida por los habitantes de la zona, Kimia II no está recibiendo pocas críticas. Los más escépticos afirman que se trata de un mero cambio de manos: al frente de las minas estarán los miembros del FARDC en lugar del FDLR, sin que cambie la situación de vulnerabilidad y explotación de la población civil.

Diferentes ONG así como agencias humanitarias han expresado, a su vez, su preocupación por las represalias del FDLR contra las poblaciones locales (como sucedió tras la operación Umoja Wetu en Kivu Norte). Los soldados del ejército congoleño participantes en la misión Kimia II, no hicieron distinción alguna entre combatientes y civiles en sus ataques a aldeas y comunidades. Como consecuencia de las acciones perpetradas por el ejército congoleño, entre abril y octubre de 2009, la violencia ejercida en el marco de Kimia II ha generado un importante aumento de las víctimas civiles, dejando miles de muertos (en su mayoría refugiados hutus ruandeses) y generando un espeluznante aumento de las violaciones sexuales dirigidas a mujeres y niñas. El 19 de noviembre de 2009, MONUC retiró la ayuda que ofrecía a ciertas unidades de las Fuerzas Armadas congoleñas, dedicadas a combatir las milicias hutu en el marco de Kimia II, ante la fundada base de que violaban los derechos humanos de los civiles.

Una guerra por el poder sobre los recursos
Algunos analistas definen la violencia actual en la República Democrática del Congo (RDC) como una guerra de recursos, una guerra por el control de la región Este, rica en yacimientos naturales de oro, diamantes, cobre, cobalto, casiterita y coltán, y bosques de rica madera.

Aunque no son la causa que dio origen a la violencia, los recursos naturales han alimentado el conflicto en gran medida. Desde el poder colonial de finales del siglo XIX hasta los principales grupos armados y sus aliados regionales que se enfrentan por el poder político, se han valido de estos recursos naturales como forma de financiación y fuente de lucro. Por este motivo, la desmovilización de las fuerzas debe tener en cuenta este componente económico que no favorece la decisión de dejar las armas de los grupos armados, indica Global Witness.

La extracción del coltán, utilizado para la fabricación de baterías de teléfonos móviles y ordenadores de consumo en todo el mundo, tuvo su apogeo en 2000, incrementando la inestabilidad preexistente en el este de Congo y llevando la violencia a los niveles más altos.

Desde finales de 2006 hasta mayo de 2009, sólo en Kivu Norte se movilizaron 1,8 millones de personas, según datos de las Naciones Unidas (ONU). Además ha habido frecuentes reportes de personas armadas asesinando civiles, destruyendo propiedades, cometiendo delitos de violencia sexual generalizadamente, y otras formas de violación de las leyes humanitarias y de derechos humanos, según reporta ICRC.

Por otra parte, durante el boom del coltán, el abandono masivo de la agricultura por el trabajo en las minas dio lugar a una importante crisis alimentaria caracterizada por la escasez de alimentos básicos autóctonos, como la harina de yuca.

Cuando se redujo la demanda de coltán, los productores se pasaron a la casiterita, a menudo disponible en los mismos lugares. Este metal se utiliza para fabricar desde latas hasta placas de circuitos de equipos electrónicos y aumentó su valor influenciado fuertemente por el fenomenal crecimiento económico de China. El consumo mundial de casiterita subió un 14 por ciento en la primera mitad de 2004.

En este entorno de creciente debilidad institucional, grave crisis económica, conflictividad sociopolítica interna, surgieron los llamados “señores de la guerra” o “warlords”, que disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza constituyendo, por tanto, un nuevo poder político, económico y militar que controla una parte determinada del territorio nacional.

Su legitimidad procede, por un lado, del respaldo social que reciben de sus clanes o grupos étnicos o religiosos, y por otro, del control que ejercen sobre la economía informal - las redes de extracción y comercialización de recursos naturales, las redes de contrabando y sus conexiones a empresas transnacionales - y su capacidad por tanto para generar empleo.

Los señores de la guerra y las estructuras tejidas en torno a ellos se alimentan de los conflictos armados, los cuales  constituyen, a su vez, el instrumento básico para el mantenimiento de su influencia.

Alertnet.org tampoco ofrece una mirada positiva de la actitud mundial: “Occidente se preocupa porque la explotación no caiga en manos de países como Irán, que podría usar el uranio en sus programas nucleares. RD Congo proporcionó el uranio para las armas atómicas estadounidenses, lanzadas sobre Japón en 1945. Las minas de Shinkolobue (de donde salió el material para esas bombas) están en la inestable provincia de Katanga”.

El informe de Global Witness especifica que en 2005, se producía un importante contrabando a través de la frontera con Ruanda, “prueba que una gran cantidad de casiterita y coltán están saliendo de la RDC sin registro ni pago de impuestos, lo que conlleva importantes pérdidas para la economía congoleña. Además, como todo su procesamiento se realiza fuera del país, no se produce ningún valor agregado en la RDC”.

En su reporte, Global Witness demuestra que Ruanda puede haber importando una cantidad de casiterita sustancial, a grosso modo, de 400 a 900 toneladas anuales entre 1999 y 2002; y de 1500 a 1800 toneladas anuales en 2003 y 2004.

Mujeres congoleñas
Al no registrarse y evaluarse su experiencia como parte activa del conflicto, las mujeres tampoco son incluidas en las propuestas políticas de resolución, lo cual resulta ser uno de los factores de fracaso, o como mínimo de fragilidad, de los intentos de pacificación.

En el este de la RDC se vive otra de las más graves situaciones humanitarias del mundo en la cual también las mujeres son las más perjudicadas debido, en parte, a las discriminaciones estructurales que padecen y a la utilización de la violencia basada en el género como arma de guerra. Son, sin embargo, un elemento fundamental, aunque ignorado e invisible, de todos los aspectos de la historia congoleña.