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    La ineficiente regulación de minerales de sangre.

    David Muñoz-Quirós Ovejero, voluntario ACNUR Euskal Batzordea / Bilbao / 09.05.2017

    Regulaciones internacionales sobre trazabilidad de minerales: críticas y efectos en República Democrática del Congo

    La sociedad civil ha supuesto un punto clave para iniciar los intentos surgidos para regular las cadenas de suministros de las multinacionales en relación a los minerales. Y sus críticas ayudan a visibilizar los puntos débiles de estas regulaciones, con miras a mejorarlas y aumentar su eficacia de cara a proteger a las personas establecidas en las partes de la cadena más desfavorecida y menos reconocidas.

    Debido a estas políticas comerciales desiguales a nivel internacional, las operaciones de grandes organizaciones se dividen entre países, creando cadenas globales de valor (CGV) en las que el diseño, fabricación, ensamblaje y distribución se hace de forma deslocalizada, con el objetivo de aumentar su margen de beneficios.

    En el caso de las organizaciones que requieren de minerales, serían las empresas subcontratadas, las que se encargarían de obtener la materia prima a través de otras organizaciones que se proveen de los países ricos en minerales, principalmente de África.

    La problemática principal, surge cuando estos países presentan conflictos armados y se financian a través de la venta de estos minerales.

    En este punto, surge la necesidad de trazar el recorrido de estos minerales, desde las minas hasta el producto final, para de esta manera, visibilizar la responsabilidad de las multinacionales y tener la seguridad de que no están fomentando los conflictos armados de ningún país empobrecido, para satisfacer las demandas de los países del norte y en última instancia sus propias ansias de enriquecimiento personal.

    Debido a esta preocupación, diferentes organismos internacionales y de la sociedad civil, han denunciado la falta de trazabilidad de estos minerales, y han expresado la necesidad de crear legislaciones vinculantes que garanticen una extracción de minerales de forma segura, ecológica, respetando los derechos humanos y no financiando a grupos armados.

    A lo largo de los años, ha surgido alguna normativa y ley relacionada con esta preocupación como las regulaciones jurídicas internacionales adoptadas por organizaciones y estados como las Naciones Unidas, la OCDE la Unión Europea y Estados Unidos, que ha intentado controlar las actividades de esta industria, sobre todo enfocadas a República Democrática del Congo (RDC) y a cuatro minerales en concreto: estaño, tantalio, tungsteno y oro (3TG en sus siglas en inglés). Sin embargo, hasta el momento no parece que las regulaciones estén teniendo gran efecto sobre el control de la trazabilidad, la reducción de conflictos, o la protección de las personas locales en zonas de minería.

    Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Por qué las regulaciones internacionales sobre trazabilidad de minerales no tienen un efecto mayor sobre la reducción de los conflictos y la seguridad de la población en República Democrática del Congo?

     Para poder entender y profundizar sobre la falta de efectividad de estas regulaciones, se hace necesario en primer lugar, realizar un recorrido sobre las críticas realizadas por la sociedad civil. 

    Críticas de la sociedad civil

    Orígenes de estas normativas y tratados

    Para entender las críticas de la sociedad civil en relación a la voluntariedad, unilateralidad y no exigibilidad (Hernández Zubizarreta & Ramiro, 2015) de las normativas y leyes surgidas desde finales de los 90, se hace necesario ir a los primeros intentos surgidos para controlar las actividades de las multinacionales de forma vinculante. De esta manera, se seguirá la línea argumental presentada en el libro “Contra la Lex Mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas Transnacionales” de Juan Hernández y Pedro Ramiro (2015, pp. 47-76):

    En 1974, La Organización de las Naciones Unidas creo la Comisión y el Centro de Empresas Transnacionales, con el objetivo de regular de forma vinculante las actividades de las empresas transnacionales (ETN). En esta misma línea, en 1976, se aprobó el documento por el que las empresas debían adaptarse especialmente a los países receptores, a los objetivos de desarrollo y a las políticas públicas, que estaban inspiradas en el “principio de la promoción del desarrollo”.

    Hasta este punto, la ONU estaba mostrando gran disposición por regular las actividades de las ETN de forma obligatoria, con respaldo mayoritario de sus miembros no alineados. Esta situación no gustó a las multinacionales, que veían peligrar sus negocios, y sus grupos de presión intentaron evitar que la ONU aprobara el código de regulación externo, consiguiendo finalmente trasladar el debate a otras instituciones internacionales con más predisposición a la voluntariedad que a la obligatoriedad.

    Es así como en 1976 se publicaron las “líneas directrices para empresas multinacionales” de la OCDE, y en 1977 la “declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y política social”; ambas, bajo la filosofía de la voluntariedad.

    De esta manera, los códigos de conducta, como punto álgido de la autorregulación de las empresas, aparecieron como una alternativa normativa a futuro. Y las Naciones Unidas pasó de una lógica intervencionista en busca de la obligatoriedad de las empresas en pro de un desarrollo de las naciones receptoras, a una lógica no intervencionista en las relaciones políticas y económicas.

    Finalmente, a mediados de los 90, los órganos surgidos para el control de las multinacionales, desaparecerían y se transformarían en órganos que se ocuparían de la “contribución de las transnacionales al crecimiento y el desarrollo”. Hecho, que sucedería bajo la presión de los lobbies empresariales, los cambios internacionales que redujeron la fuerza de los países No Alineados y el declive de la Unión Soviética.

    Con este esquema establecido de debilidad en las agencias y órganos de la ONU, la debilidad normativa de los derechos humanos, las lógicas neoliberales en funcionamiento y con el apoyo de los discursos de Kofi Annan (“Poner restricciones a las inversiones y al comercio no son medidas adecuadas” o “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”), surgiría la consolidación y protección de las ETN, bajo la constitución de Global Compact en 1999 en Davos, que se definiría como una “alianza creativa entre Naciones Unidas y el sector privado”; posicionándose como instrumento no normativo, sin imposición de criterios, sin funciones de vigilancia y sin evaluación de acciones de las ETN.

    Global Compact fue establecido y supervisado por John Ruggie, que más adelante elaboraría también los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, bajo el marco de “proteger, respetar y remediar”, documento que siguió las lógicas de voluntariedad ya consolidadas años atrás y que supondrá las bases de las normativas y leyes venideras, bajo el mismo esquema de responsabilidades, sin deberes ni obligaciones.

    Ley Dodd-Frank

    Los primeros estudios desde la sociedad civil, para revisar los efectos que esta ley estaba teniendo sobre las empres

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