Según las versiones de la sociedad civil y algunas autoridades de la provincia, las tropas del M23 ya habrían ingresado a Orientale, a través de Ituri. La ONU exige al grupo armado que cese la violencia inmediatamente y pide ayuda para asistir a las 20.000 personas recientemente refugiadas en Ruanda desde Kivu Norte.
El comisionado de distrito de Ituri, Orientale, Freddy Bosomba, llamó a sus administradores a no apoyar y a denunciar a los cómplices de los rebeldes del Movimiento del 23 de marzo (M23) quienes, según dijo, ya se han infiltrado en su territorio. Radio Okapi, emisora local de la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de la RDC, MONUSCO, y la Fondation Hirondelle en Goma, Kivu Norte informa que Bosomba hizo el llamamiento el miércoles 8 de agosto en Bunia, durante una reunión de seguridad con las personas líderes vecinales, grupos y comunidades de Irumu.
En esa ocasión, Bosomba instó al pueblo a mantenerse alerta y movilizarse contra la guerra que enfrenta a las Fuerzas Armadas Congoleñas (FARDC) y el M23 desde hace cuatro meses. El comisionado asegura tener información confiable de que algunas personas están en connivencia con los rebeldes de la M23 para sumergir a Ituri en la guerra que ha causado, según refiere, 60.000 muertes.
Durante la reunión, Freddy Bosomba pidió a todos los jefes de las entidades que vuelvan al sistema de identificación de todas las personas que provengan de otras partes del país.
Bosomba responde de este modo a la solicitud de la sociedad civil de Ituri que reclamaba medidas tras haber registrado al menos 10 asesinatos y 3 secuestros en una semana.
Kivu Norte
Mientras tanto, el M23 ha puesto en marcha desde el sábado 4 de agosto su administración en el territorio de Rutshuru, en Kivu Norte. Esta se basa en los comités locales de seguridad constituidos por estructuras básicas, las autoridades tradicionales y líderes comunitarios locales. El liderazgo local es el responsable, según el movimiento armado, de garantizar la seguridad y el cuidado de la población.
En el frente de seguridad, los funcionarios locales han organizado patrullas nocturnas con los jóvenes del barrio para garantizar la seguridad de la población e informar de abusos o maltrato. Estos comités de trabajo reportan a la policía y el brazo armado del M23.
El M23 también ha establecido peajes a los vehículos comerciales en la zona ocupada. Hace unos días, la Asociación de Conductores del Congo (ACCO) había denunciado a estos impuestos, que a su juicio son exorbitantes. Según la misma fuente, cada camión que transporta víveres debe pagar 500 dólares estadounidense y el que transporta maderas, 1.000 dólares; y los que no lo hacen son impedidos de continuar.
El pasado jueves 2 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado criticando expresamente las acciones rebeldes del Movimiento de 23 de marzo y pidiéndoles que detengan la violencia, incluida la violencia sexual y el reclutamiento y utilización de menores soldados, y su avance hacia la ciudad de Goma, en Kivu Norte.
El 7 de agosto, la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) denunció las evidencias crecientes de reclutamiento forzado de civiles, gran parte de ellas menores de edad, por el grupo armado M23.
Asimismo, la responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, Valerie Amos, cifró en 20.000 las personas que cruzaron la frontera hacia Ruanda huyendo de la violencia en esta provincia y pidió que todas las entidades socias en la región contribuyan para resolver esta crisis.
El Secretario General de la ONU reiteró el 22 de mayo el apoyo del organismo mundial al acuerdo de paz para la República Democrática del Congo firmado en febrero pasado por once líderes africanos.
El Estado recauda mucho menos de lo que debería, según un informe de la ONG congoleña de derechos humanos ACIDH. En base a su investigación, la ACIDH ha exigido distintas medidas a los organismos provinciales de Katanga y el Estado.

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